El diario de más tirada de Aragón publicaba ayer en primera página una noticia que cuando la vi, pensé que me había equivocado de periódico, pero no, efectivamente estaba en el diario que inicia su cabecera como “Diario Independiente - Fundado en 1895”. Igual ha cambiado su línea editorial, me dije, pero hombre, de un día para otro, difícil.
La noticia en cuestión, a tres columnas, ocupa casi media portada y pasa a la página 10 completa. Tanto la portada como la página interior están encabezadas por fotografías del protagonista, que según el texto del pie de foto, se llama Nicolás.
El titular dice: “Un vecino sin recursos vive desde hace dos años en un trastero alquilado en Zaragoza”. No me resultó extraño el titular, conozco muy bien la precariedad habitacional que sufren muchas familias en Zaragoza. Me sorprendió verlo publicado en ese diario. La sorpresa fue agradable, siempre está bien que los medios den a conocer situaciones que muchas veces los ciudadanos no alcanzan a ver.
Desde hace diez años los desahucios de “vivienda habitual” por impago de hipoteca han dejado en la calle a miles de familias en toda España. La información y los casos que yo conozco son de Zaragoza y, les puedo asegurar, que cualquier desahucio es un acto cargado de violencia, no solo el día del lanzamiento por la presencia de la policía acompañando a la comisión judicial y con cerrajero como ariete. El calvario comienza por falta de trabajo, y por tanto de ingresos. No se pueden atender las cuotas de la hipoteca, comienzan a llegar cartas de la entidad financiera reclamando el pago, infinidad de llamadas telefónicas que en algunos casos rozan el acoso...El deudor intenta conseguir dinero en su entorno familiar, en entidades de crédito rápido a intereses de usura o en la misma entidad financiera que tiene la hipoteca.
El apoyo familiar suele ser de corto recorrido, pero si son solventes, terminarán avalando al deudor. Si éste sigue sin poder atender sus recibos, serán los avalistas los que tendrán que hacerlo y si no lo hacen, responderán con sus bienes.
He visto casos en los que la misma entidad financiera titular de la hipoteca ha concedido un crédito personal para regularizar las cuotas de hipoteca pendientes. No les digo el tipo de interés, se lo pueden imaginar. El deudor, de momento parece que respira, pero sigue sin trabajo. Ahora tendrá que hacer frente a dos recibos mensuales. Imposible. Si cobra algún tipo de prestación deberá decidir si alimenta a su familia o paga al banco. Esta situación lleva al deudor a un estado de frustración e impotencia que muchas veces desencadena violencia familiar y otros tipos de patología, habiendo llegado en algunos casos al suicidio.
El calvario sigue: comienza por el buró-fax del banco exigiendo el pago, sigue la demanda judicial, el deudor recibe en su casa una citación del juzgado acompañada de un “tocho” de papeles. Para el demando es como una inmensa y pesada losa. El calvario continúa. Ahora judicializado. Puede tardar en resolverse más de un año, sabiendo desde el principio que la sentencia será condenatoria.
No has cumplido un contrato y la ley te obliga a pagarlo teniendo en cuenta todas las cláusulas que figuran en el mismo; además del importe de préstamo, los intereses ordinarios, los intereses de mora o intereses sobre intereses, las costas y gastos de la demanda que ha promovido el banco. En los dos últimos años a algunas de estas cláusulas, la justicia las ha declarado abusivas. Sin embargo, la sentencia es la misma condenado a pagar.
El proceso continúa. Empieza el penúltimo acto, el banco solicita al juzgado la subasta de tu vivienda, el juzgado pone fecha, normalmente a dos o tres meses vista. Esa fecha para el deudor, según me han manifestado muchos de ellos, es el punto de no retorno, donde de verdad comienza a ver la realidad de su situación. Hasta ese momento tenía esperanza de poder encontrar trabajo, incluso de que le tocase la lotería y poder recuperar su vivienda, pero no.
El deudor sigue en el desempleo, igual que muchos españoles, lo cual no le consuela. Ya sabe la fecha en que perderá la propiedad de su hogar. De los casos que conozco, los propietarios llevaban pagando su casa una media de más de 7 años.
El deudor cargado con su “tocho” emprende otro calvario paralelo, el recorrido de los servicios sociales de la administración que tienen departamentos de mediación hipotecaria y las plataformas antidesahucios. Después de revisar la demanda “tocho”, todos intentarán ayudar explicándole la mecánica del proceso, intentarán negociar con el banco demandante.
Los días pasan y la decisión es del deudor. Con los bancos se negocia, sobre todo después de la publicación del “Real Decreto de protección a los deudores hipotecarios” se plantean opciones que, normalmente, se pueden resumir en dos líneas:
La primera: si el deudor cumple con el R.D. y dependiendo de su situación familiar (si está en riesgo de exclusión, son vulnerables, etc.) puede optar por una dación en pago (entrega su vivienda y se queda sin deuda), o una dación en pago con alquiler social (entrega su vivienda, se queda sin deuda y el banco le hace un contrato de alquiler social. Este contrato suele realizarse en otra vivienda, casi nunca en la que reside el deudor). En esta misma línea también cabe la posibilidad de reestructuración de la deuda, siempre que el deudor tenga alguna capacidad económica. En la práctica, las restricciones que plantea el R.D. dejan a muchas familias fuera de su protección.
La segunda: negociar directamente con la entidad financiera y buscar un acuerdo. Algunas veces se consigue, pero mucho menos. El martirio paralelo termina con la subasta de la vivienda. El deudor no cumple con el R.D., no se ha llegado a ningún acuerdo con el banco. La subasta se realiza y el banco se adjudica la vivienda o cede el remate a una empresa perteneciente a su grupo.
Acto final del proceso: el desahucio o lanzamiento. El adjudicatario del piso (banco, empresa o persona física) solicita al juzgado que inste al deudor a la entrega pacífica de las llaves de la propiedad y que si no lo hace, proceda al lanzamiento si es preciso con el uso de la fuerza,
El deudor y su familia llevan (de media) más de 18 meses con el proceso. Les quedan sesenta días para que los desahucien. Están desesperados; se siente impotentes y abandonados. No saben que será de ellos. Son invisibles para la mayoría de los ciudadanos y no obtienen respuestas de la administración. Los casos en los que la administración les responde que los aloja en una vivienda social, se produce en el último momento, diría que horas antes del desahucio.
Suponiendo que la familia consiga a través de los servicios sociales una vivienda de alquiler social, habrán conseguido tener un techo. Ya no tendrán que quedarse en la calle. Pero le quedará una deuda económica que no podrá pagar en toda su vida, ni él ni sus avalistas, si los tenía. Seguirán viviendo, pero económicamente será su “muerte social”, ya que la propia entidad o a quién ésta venda su crédito, le seguirán acosando para recuperar la deuda.
Muchas veces es imposible conseguir acuerdos con los bancos. Los recursos de la administración son limitados y tampoco disponen de viviendas suficientes para atender la demanda. Esta situación nos lleva al desahucio de la familia deudora que, como decía anteriormente, es el acto más violento que puede sufrir una familia. Terminan abandonados: en la calle.
La otra cara de la moneda: el banco suma otra vivienda más a su patrimonio. Para no extenderme mucho más, diré que esta y otras miles de viviendas terminarán cedidas a la Sareb -banco malo- o vendidas a “fondos buitre”.
Comenzaba este artículo haciéndome eco de lo publicado ayer por un medio local. En la edición de hoy, en la página 15, amplían la noticia de Nicolás, acompañada de un reportaje que titulan; “Detectan varios trasteros alquilados por un mismo dueño como vivienda de gente sin recursos”. No conozco estos casos en particular, pero estoy casi seguro, que alguno de ellos han sufrido el calvario que describo en las líneas anteriores.
Alabo la publicación de la noticia de Nicolás y del resto de “gente” sin recursos, pero este medio no se prodiga por la publicación de “otros” muchos casos que están en camino de llegar al punto donde se encuentra Nicolás. Si hubiese más denuncias, los responsables de la administración posiblemente moverían ficha, o no, no lo sé.
En los últimos años, la principal entidad financiera de Aragón ha sido la que más procedimientos de ejecuciones hipotecarias ha promovido, es lógico, es la que más cuota de mercado tiene. También me consta que ha llegado a acuerdos favorables con muchas familias. El banco que más desahucios promueve en Zaragoza creo que forma parte del accionariado del grupo o del diario que publica la noticia de Nicolás. Será éste el motivo por el que muy pocas veces vemos en éste medio noticias de protestas ante la entidad, desalojos o desahucios promovidos por ésta. Estimado lector, juzgue usted mismo.
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Editores: Dèsirée Cremades y María Gascón